A comienzos de año, la reestructuración de deuda del gobierno nacional venía complicada: idas y vueltas entre propuestas, canjes que no lograban altos grados de adhesiones y hasta un reperfilamiento del bono dual (AF20), principalmente en manos de acreedores externos. Lamentablemente, la pandemia del COVID-19 desató una crisis financiera/económica global, que complicó aún más el escenario, tornando prácticamente imposible un acuerdo en el corto plazo.

En este marco, a comienzos de abril, el Poder Ejecutivo reperfiló los servicios (capital e intereses) de la deuda denominada en dólares y emitida bajo legislación local. En esta tercera oportunidad, la postergación llegó hasta el 31 de diciembre de 2020, con la posibilidad de pagar antes, si así lo determinara el Ministerio de Economía.

De esta forma, se pospusieron vencimientos por casi USD 14.500 millones, de los cuales USD 8.800 millones se encuentran en manos del sector privado (menos del 2% de la deuda total). El monto no solo es superior al primer reperfilamiento, realizado en agosto de 2019 por Hernán Lacunza (USD 12.000 millones) y al de Martín Guzmán de cierre del año pasado (USD 9.000 millones), sino que también su alcance es mayor, ya que no sólo contempla Letras del Tesoro en dólares (LETEs) por USD 4.000 millones, sino también bonos. En este sentido, se “patearon” los vencimientos de capital del Bonar24 (USD 1.400 millones a pagar a comienzos de mayo) y el Bonar20 (USD 2.500 millones que vencían a comienzos de octubre), y de intereses de los bonos Bonar23, Bonar25, Bonar37, Par y Discount, estos últimos dos emitidos en la reestructuración de 2005.

Ante este escenario, surgen algunas preguntas. ¿Por qué solo se reperfilaron estos pasivos y no el total de los vencimientos de este año, es decir, también aquellos emitidos bajo ley extranjera y los nominados en pesos? ¿Qué pasará con la negociación por casi USD 69.000 millones de títulos ley extranjera? Veamos.

En primer lugar, resalta que el gobierno dispuso este reperfilamiento acotado para poder seguir negociando: en lugar de anunciar una cesación total de pagos, el esquema del Poder Ejecutivo parece ser postergar -por enésima vez- a cierta porción de los acreedores (ley local) para negociar las partes “más conflictivas” de la deuda (ley extranjera).

Los bonos legislados en jurisdicciones foráneas no se pueden reperfilar parcialmente sin caer en default. Por un lado, porque las cortes extranjeras, esencialmente la de Nueva York, suelen ser más estrictas que la Argentina. Por el otro, porque las cláusulas propias de estos títulos, cross default acceleration, lo dificultan. Según la primera, si se incumple el pago de un bono puntual, se incumple en todos los pagos de todos los bonos emitidos por el soberano y nominados en ley extranjera. Por la cláusula de aceleración, los acreedores pueden exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda ante un incumplimiento, lo cual sería imposible de afrontar.

“Despejado el camino” de los pasivos ley local en divisas, los vencimientos restantes de bonos para este año alcanzan USD 3.400 millones. Sin embargo, no son los únicos compromisos: por caso, hay que pagar USD 3.100 a organismos internacionales (FMI, BID y BIRF) y USD 2.100 millones al Club de París. Dado que las Reservas netas ascienden a USD 11.500 millones, y que el resultado de cuenta corriente sería superavitario, se podrían honrar estos USD 8.700 millones.