El impuesto a las ganancias es una de las principales fuentes de ingresos tributarios en prácticamente la totalidad de los países desarrollados o en vías de desarrollo. 

Adicionalmente, es uno de los principales instrumentos utilizados para darle progresividad al sistema, toda vez que los impuestos al consumo afectan proporcionalmente con mayor énfasis a los estratos de más bajos ingresos. 

Los ingresos de las personas físicas están normalmente alcanzados por este impuesto cualquiera sea su fuente; incluyendo las remuneraciones de trabajadores, tanto de aquellos que prestan servicios en relación de dependencia como de quienes lo hacen como autónomos. En consecuencia, no existen dudas doctrinarias respecto a la procedencia del pago de este impuesto por parte de los trabajadores, tanto por cuestiones de equidad tributaria como de administración tributaria

Respecto a la equidad tributaria, lesionaría gravemente la equidad que un asalariado de altos ingresos no pague impuesto a las ganancias, mientras que sí lo tengan que hacer un pequeño comerciante, un profesional de ingresos medios, o un jubilado que cobre un haber mínimo pero también alquila un par de propiedades que adquirió durante su vida activa, por citar algún ejemplo. También sería inequitativo que ese asalariado de altos ingresos contribuya menos a la financiación del Estado que un trabajador de ingresos mínimos que se ve proporcionalmente más impactado por el Impuesto al Valor Agregado. 

Por el lado de la administración tributaria, un impuesto a las ganancias de personas físicas que eximiera de su pago a los asalariados en relación de dependencia sería de muy dificultosa gestión, toda vez que habría un fuerte incentivo a simular relaciones laborales para eludir el tributo. En definitiva, no debe estar en duda que los trabajadores asalariados deben tributar el impuesto.

(Fuente: IARAF)